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Hoy Aspaym Córdoba ha realizado una visita teatralizada al Palacio de la Merced, gracias a Ecotour y la Diputación de Córdoba.

El Pleno del Senado aprobó este miércoles por unanimidad y de forma definitiva la reforma de la Ley del Jurado que elimina las trabas para que las personas con discapacidad puedan formar parte de los tribunales populares, al tiempo que se obligará a las administraciones a proporcionar los medios para que cualquier ciudadano pueda realizar esta labor sin limitaciones.

247 senadores votaron a favor, sin pronunciamientos en contra ni abstenciones, a la iniciativa impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que el PDeCAT presentó en el Senado en octubre de 2016.

La iniciativa, tras lograr el acuerdo en la Cámara Alta, pasó al Congreso, que introdujo algunas mejoras. De vuelta al Senado, el PNV retiró dos enmiendas que había presentado, por lo que este miércoles se llevó a cabo la aprobación definitiva de la reforma.

En concreto, a instancias del Cermi, los partidos aprobaron corregir el artículo 8.5 de la Ley del Jurado, que incluye los "Requisitos para ser jurado". Hasta ahora, en este punto de la norma aprobada en 1995 se establecía que para ser miembro de un tribunal popular no había que estar "afectado por discapacidad física o psíquica".

"APTITUD SUFICIENTE"

En adelante, este artículo 8.5 dirá que para ser jurado habrá que "contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado". También se alude a que "las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido".

Durante el debate de este miércoles, todos los partidos se felicitaron de esta reforma y felicitaron por impulsarla al Cermi y a su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, quien estuvo este miércoles en el Senado siguiendo el Pleno.

A este respecto, Josep Lluís Cleries, del PDeCAT, quien presentó la iniciativa del Cermi en la Cámara Alta, señaló que la aprobación de esta modificación legal es una manera de "poner en valor la capacidad" de todas las personas, al tiempo que demuestra que el "trabajo conjunto" de todos los partidos puede dar resultado.

Nuria Guijarro, del PP, aseguró que acabar con las trabas para que las personas con discapacidad formen parte de un jurado suprime una "barrera legal" que no era aceptable, puesto que los poderes públicos deben "eliminar y evitar cualquier tipo de discriminación injusta e intolerable".

JUSTICIA "MÁS IGUALITARIA"

Por su parte, María José Fernández, del PSOE, defendió que con esta modificación de la Ley del Jurado la Justicia será "más igualitaria", puesto que las limitaciones que existían para las personas con discapacidad era algo "intolerable" y una "discriminación absoluta". Esta senadora añadió que con este cambio legal se ha dado un "paso muy importante" para la igualdad entre los españoles.

A su vez, Celia Cánovas, de Podemos, consideró "imperdonable" que se haya tardado diez años en modificar la normativa sobre tribunales populares para eliminar la discriminación a las personas con discapacidad. Por su parte, Jokin Bildarratz, del PNV, llamó la atención sobre el hecho de que para tramitar la iniciativa del Cermi se haya tardado un año desde que se registró en el Senado.

Asimismo, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria, y María López Santana, de Nueva Canarias, felicitaron también al PDeCAT por llevar al Senado la iniciativa del Cermi. Además, la senadora López Santana pidió "acelerar" la tramitación de iniciativas como la mejora de la Ley del Jurado, puesto que se ha tardado un año en eliminarse las trabas a las personas con discapacidad.

Noticia

Las personas con un Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% cuentan con una serie de ayudas de Hacienda que incluyen la exención de algunos impuestos y la posibilidad de recibir otro tipo de prestaciones económicas, entre ellas una ayuda de 1.200 euros, también llamada cheque familiar.

  • Reducción del IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas).
  • Reducción del IVA en la Declaración de la Renta.
  • Exención de diferentes impuestos de Circulación (concretamente del Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica y del impuesto de Matriculación)
  • Bonificaciones en el impuesto sobre Patrimonio y sobre la Ley de sucesiones y donaciones 

Estas ayudas de Hacienda son aplicables directamente a personas con discapacidad o a sus tutores y representantes legales. El marco de las mismas lo definen las Comunidades Autónomas, que son quienes establecen deducciones especiales y prestaciones generales orientadas, por ejemplo, a la compra de vehículos adaptados o la adaptación de viviendas para discapacitados.

En la Agencia Tributaria encontrarás cuáles son estas deducciones autonómicas así como los importes correspondientes a cada una de ellas.

De todas las ayudas de Hacienda para personas con discapacidad, ésta es la más importante y destacada, ya que puede solicitarse por igual en todo el territorio español. La cantidad de recepción media es una ayuda de 1.200 euros anuales por cada ascendiente o descendiente con discapacidad a cargo.

Pueden beneficiarse de esta ayuda de 1200 euros o cheque familiar los contribuyentes con derecho a la aplicación de los mínimos por descendientes o ascendientes con discapacidad avalados por su Certificado de Discapacidad correspondiente y expedido por la Comunidad Autónoma en la que se va a solicitar la ayuda.

Si la prestación la solicita un trabajador por cuenta ajena o propia (autónomo), será necesario que éste haya cotizado unos plazos mínimos, mientras que si es un desempleado o pensionista no será requisito indispensable para recibirla estar dado de alta en la Seguridad Social.

El único punto obligatorio en ambos casos es que tanto los solicitantes como los descendientes o ascendientes con discapacidad que se relacionen en la solicitud tengan un número de identificación fiscal válido tanto si son mayores como si son menores de edad.

Abono anticipado de la ayuda de 1.200 euros y deducciones en la declaración de la renta

Dentro de las ayudas de Hacienda para personas con discapacidad ésta puede solicitarse en forma de abono mensual anticipado, es decir, que el beneficiario recibirá al principio del mes correspondiente la parte proporcional de la ayuda adjudicada (100 euros al mes).

Las deducciones por familia numerosa, ascendente con dos hijos o ascendentes o descendientes con discapacidad se incluyen dentro de las deducciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y se harán efectivas en la declaración de la renta del año posterior a su percepción.

Esta ayuda se define como un “impuesto negativo”, es decir, que los contribuyentes pueden recibir el importe íntegro, aunque su cuota tributaria sea menor a la ayuda.

Compatibilidad entre ayudas

Las subvenciones incluidas dentro de estas ayudas de Hacienda son acumulables, es decir, que una familia numerosa que tenga a cargo un hijo o un ascendiente con discapacidad tendrá derecho a una ayuda de 2.400 euros correspondientes a la suma de las dos ayudas de 1.200 € anuales. En este caso concreto la familia en cuestión podría solicitar el abono mensual anticipado de ambas, por lo que recibiría al mes un ingreso de 200€.

Algo similar ocurre con las familias que tengan un ascendente y un descendiente con discapacidad a su cargo. En este caso las ayudas de Hacienda son totalmente compatibles, aunque su tramitación debe hacerse por separado.

¿Cómo debo tramitar la ayuda de 1.200 euros por ascendente o descendiente con discapacidad y el abono anticipado mensual de la misma?

Las personas que deseen solicitar una de estas ayudas de Hacienda deben cumplimentar el modelo 143. Este trámite puede realizarse directamente desde la web de la Agencia Tributaria con DNI electrónico, certificado digital, Pin24horas o código Cl@ve. También existe la posibilidad de realizar la gestión o de consultar las dudas por teléfono (901 200 345).

Para solicitar el abono anticipado mensual los solicitantes deberán llevar su formulario cumplimentado y firmado por todas las partes implicadas a cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

Puesto que esta ayuda es acumulativa, una vez realizada la solicitud de devolución anticipada no es necesario reiterarla en enero del siguiente ejercicio. Únicamente habrá que realizar este trámite si se desea cambiar la modalidad de solicitud de la ayuda (individual a conjunta o viceversa).

En la página web de la Agencia Tributaria tienes toda la información necesaria sobre la ayuda de 1.200 euros para personas con discapacidad y sus familias, el marco legal sobre el que se desarrolla, las excepciones y todo lo que necesitas saber antes de tramitar tu solicitud.

¿Quieres saber más? En la sección de ayudas y prestaciones de nuestro blog te mantendremos informado de estas iniciativas y otras novedades relacionadas con las personas discapacitadas. Y si lo necesitas, te animamos a que descubras el mejor equipamiento para facilitar tu movilidad y que te informes sobre las sillas de ruedas manuales y las sillas de ruedas eléctricas que ponemos a tu disposición. 1

Uno de los principales beneficios fiscales relacionados con el grado de discapacidad del 33% está relacionado con el IRPF. El IRPF es un impuesto de carácter estatal que se exige a las personas físicas considerando los principios de igualdad, generalidad y progresividad y que está relacionado con sus actividades económicas (salarios, intereses bancarios, recepción de ayudas y prestaciones económicas, etc.).

A la hora de fijar el IRPF que debe pagar cada persona se observan distintas circunstancias personales y familiares del contribuyente, entre ellos la discapacidad. Por eso el Certificado de Discapacidad es tan importante.

Las personas con una discapacidad del 33% o superior están exentas a efectos del impuesto (es decir, que no tributan) o tienen importantes reducciones en los siguientes casos: 

  • Sobre las prestaciones de la Seguridad Social o de las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social.

  • Sobre las ayudas económicas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con una discapacidad igual o superior al 65%.

  • Sobre las prestaciones por desempleo en un único pago o una prestación similar al convertirse un trabajador discapacitado por cuenta ajena en autónomo.

  • Sobre los planes de pensiones o cualquier otro sistema de previsión social constituido en favor de su discapacidad. En este caso las personas discapacitadas tienen derecho a reducir la base imponible y las aportaciones realizadas a Planes de Pensiones, a Mutualidades de Previsión Social, a Planes de Previsión Asegurados, a Planes de Previsión Social Empresarial y a los seguros de Dependencia.

  • Las personas con discapacidad también se beneficiarán de una reducción en el IRPF si hacen obras e instalaciones de adecuación de su vivienda debido a su discapacidad o la de su cónyuge. Esta deducción se aplica tanto a propietarios, como arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios de la vivienda a reformar.

    Por último, las personas con un grado de discapacidad de 33% o superior tienen reducción de impuestos sobre los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta, así como de los rendimientos del trabajo derivados de aportaciones de patrimonios protegidos hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta a efectos múltiples.