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Uno de los principales beneficios fiscales relacionados con el grado de discapacidad del 33% está relacionado con el IRPF. El IRPF es un impuesto de carácter estatal que se exige a las personas físicas considerando los principios de igualdad, generalidad y progresividad y que está relacionado con sus actividades económicas (salarios, intereses bancarios, recepción de ayudas y prestaciones económicas, etc.).

A la hora de fijar el IRPF que debe pagar cada persona se observan distintas circunstancias personales y familiares del contribuyente, entre ellos la discapacidad. Por eso el Certificado de Discapacidad es tan importante.

Las personas con una discapacidad del 33% o superior están exentas a efectos del impuesto (es decir, que no tributan) o tienen importantes reducciones en los siguientes casos: 

  • Sobre las prestaciones de la Seguridad Social o de las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social.

  • Sobre las ayudas económicas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con una discapacidad igual o superior al 65%.

  • Sobre las prestaciones por desempleo en un único pago o una prestación similar al convertirse un trabajador discapacitado por cuenta ajena en autónomo.

  • Sobre los planes de pensiones o cualquier otro sistema de previsión social constituido en favor de su discapacidad. En este caso las personas discapacitadas tienen derecho a reducir la base imponible y las aportaciones realizadas a Planes de Pensiones, a Mutualidades de Previsión Social, a Planes de Previsión Asegurados, a Planes de Previsión Social Empresarial y a los seguros de Dependencia.

  • Las personas con discapacidad también se beneficiarán de una reducción en el IRPF si hacen obras e instalaciones de adecuación de su vivienda debido a su discapacidad o la de su cónyuge. Esta deducción se aplica tanto a propietarios, como arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios de la vivienda a reformar.

    Por último, las personas con un grado de discapacidad de 33% o superior tienen reducción de impuestos sobre los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta, así como de los rendimientos del trabajo derivados de aportaciones de patrimonios protegidos hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta a efectos múltiples.